El Gobierno pagará durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean blanqueadas. A cambio, la parte empleadora deberá registrarlas y pagar sus aportes. Un intento de reencauzar una actividad feminizada y mayormente en negro que perdió 280 mil empleos durante la pandemia.

El programa Registradas pagará durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean blanqueadas. A cambio, la parte empleadora deberá blanquear la relación laboral, pagar aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante. En esto consiste el plan de blanqueo para el trabajo doméstico anunciado este lunes, con el que el Gobierno apunta a reducir la informalidad laboral en el sector, que es una de las principales fuentes de empleo de las mujeres. El Banco Nación abrirá una cuenta gratuita a nombre de las trabajadoras, para el cobro del sueldo. Los empleadores que ingresen al programa deberán garantizar el puesto de trabajo durante, por lo menos, los cuatro meses siguientes a finalizado el beneficio.

A continuación, los datos que hay que saber para entrar al programa:

En qué consiste:

El Estado pagará una suma de dinero fija, durante seis meses, para cubrir parte del salario de la trabajadora de casa particular. Llegará a hasta el 50% del salario de las empleadas recién contratadas, por un máximo de 15 mil pesos.

¿De qué depende ese monto? De la capacidad económica del empleador. Que a cambio, deberá completar el sueldo, pagar los aportes y contribuciones y mantener el puesto durante por lo menos cuatro meses después de la finalización del beneficio. De esta manera quienes sean blanqueadas tendrán como mínimo una continuidad laboral de 10 meses.

Qué trabajadoras pueden recibirlo:

Las que trabajen como mínimo 12 horas semanales.

El estado reconocerá el máximo de un beneficio por  empleador que ponga en blanco a una trabajadora doméstica (no más de uno). De la misma manera, cada trabajadora sólo podrá percibir un programa Registradas, aunque tenga más de un trabajo.

La inscripción es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales, a excepción de la pensión por invalidez y la pensión por más de 7 hijos.

Qué empleadores pueden pedirlo:

Los empleadores con ingresos menores a 175 mil pesos mensuales, que es el mínimo no imponible de Ganancias.

Si el empleador tiene ingresos de hasta el 70% del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, es decir si gana menos de $117.374, puede pedir que el estado complete el 50 por ciento de la remuneración de su empleada.

Si el empleador tiene ingresos de 117 mil pesos, y 175 mil puede pedir que el estado pague el 30 por ciento del salario de su empleada.

La inscripción:

El programa estará abierto durante octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Cómo se pone en marcha:

El empleador tiene que dar de alta a la nueva trabajadora en la AFIP y completar una inscripción. Luego de este paso, el Banco Nación creará para ella una cuenta sueldo y transferirá, durante seis meses, el 30% o el 50% por ciento del salario declarado. El empleador deberá transferir a esa cuenta lo que reste para completar el sueldo.

Por otra parte, luego con la apertura de la cuenta sueldo y al cobrar el primer salario, el Banco Nación otorgará a las trabajadoras registradas una tarjeta de crédito con un tope de gastos equivalente a un salario mínimo. 

Sobre el perfil de las trabajadoras:

Según los datos que maneja el gobierno, las trabajadoras de casas particulares trabajan en promedio 17 horas semanales (de tres a cuatro horas por día) y ganan unos 13 mil pesos. La actividad está feminizada –el 98 por ciento son mujeres– y precarizada: hoy más del 69 por ciento está en negro.

Al no estar en blanco quedan más expuestas a perder el trabajo. Durante la pandemia 280 mil puestos del sector se discontinuaron. Las más afectadas fueron, como es lógico, quienes no estaban registradas.

El programa tendrá el seguimiento de un comité integrado por el Ministerio de las Mujeres, el de Trabajo, el de Economía, la AFIP y el Banco Nación, que incluirá capacitaciones y una campaña sobre derechos laborales y espacios de trabajo libres de violencia.